"Los primeros afectados por la dana comienzan a reconstruir sus vidas: 'Vamos avanzando paso a paso'" | España | EL PAÍS

Joaquín Peláez —77 años, conocido por todos como Ximo— manifiesta que ha recuperado el sentido de vivir. En sus brazos todavía persisten las marcas del día en que la riada arrasó su hogar y él logró salvarse como pudo, aferrándose a los muebles. Recientemente lo han trasladado a este apartamento de 52 metros cuadrados en un edificio al sur de Valencia, y siente que está comenzando una nueva etapa. Espera a un joven que vendrá a colgar algunos cuadros que adquirió en un mercadillo; aún necesita conseguir un televisor, un espejo para el baño y algunos platos. “Estamos reconstruyendo nuestra vida poco a poco”, comenta. El 29 de octubre, cuando la dana golpeó con fuerza la provincia, perdió su DNI, el teléfono móvil, las gafas y hasta los dientes, que ya se había quitado para descansar.

El bloque en el que han trasladado a Joaquín está ubicado en el barrio La Torre, pertenece a la Generalitat valenciana y tiene en total 184 pisos de entre 48 y 89 metros cuadrados que iban a ser destinados a alquiler de protección oficial. Tras la debacle, se decidió que se destinarían a afectados por las inundaciones. Después de semanas de trabajos para desatascar el agua empozada en sus sótanos (esta misma edificación también resultó afectada por las riadas) y una inversión de más de dos millones de euros, las primeras 21 familias ya han sido realojadas aquí, en una de las dos torres del bloque.

Joaquín está en la segunda planta. El apartamento tiene una habitación, un baño, una sala comedor, cocina, terraza y tiene todos los muebles básicos. Fue uno de los que apareció fugazmente en los vídeos que el president Carlos Mazón publicitó en sus redes sociales el fin de semana pasado, en una cuestionada campaña de publicidad para su gestión en la recuperación de la Comunidad Valenciana tras las inundaciones y para tratar de levantar una imagen que en los sondeos está por el suelo. Esos actos de entrega de llaves, sin embargo, están prohibidos explícitamente por la ley de publicidad institucional, así como las campañas pagadas de las arcas públicas dirigidas exclusivamente a mejorar la notoriedad y la imagen de instituciones gubernamentales.